Estructura Política de Argentina

La República Argentina es un estado federal, la forma de gobierno está dividida en tres poderes fundamentales:

Poder Ejecutivo

Desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación, solo pueden ser elegidos para el cargo los argentinos nativos o por opción, pero sólo aquellos que son hijos de ciudadanos nativos nacidos en el extranjero que hayan optado por la ciudadanía argentina.

El Presidente es elegido para un período de cuatro años a través del voto popular directo, y en doble vuelta (en caso de no obtener más del cuarenta y cinco de los votos afirmativos). También tiene la posibilidad de ser reelecto por un sólo período consecutivo. Lo acompañan el Vicepresidente, elegido por el mismo período y con misma modalidad del Presidente, el Jefe de Gabinete de Ministros y Ministros.

Autoridades Nacionales

Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández

Vicepresidente
Lic. Amado Boudou

Jefatura de Gabinete de Ministros
Dr. Juan Manuel Abal Medina

Ministerio del Interior y Transporte 
Cdr. Aníbal Florencio Randazzo

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Embajador Héctor Marcos Timerman

Ministerio de Defensa 
Dr. Arturo Antonio Puricelli

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Lic. Hernán Lorenzino

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
Arq. D. Julio De Vido

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Dr. Julio Alak

Ministerio de Educación
Dr. Alberto Sileoni 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Dr. José Lino Barañao

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
Dr. Carlos Tomada

 Ministerio de Salud 
Juan Luis Manzur

Ministerio de Desarrollo Social 
Dra. Da. Alicia Kirchner

Ministerio de Industria
Lic. Débora Giorgi

Ministerio de Turismo 
Enrique Meyer

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
Sr. Norberto Yauhar

Ministerio de Seguridad
Dra. Nilda Garré 

Poder Legislativo

A cargo del Congreso de la Nación compuesto por dos cámaras, una de Diputados de la Nación y otra de Senadores de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

La Presidencia del Senado es ejercida por el Vicepresidente de la Nación, que no tiene voto, salvo en caso de empate. Es parte integrante aunque haya sido elegido constituyendo la fórmula presidencial. 

Ésta cámara está compuesta de tres senadores por provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta por seis años, renovable por tercios cada dos años, correspondiendo dos bancas al partido político con la mayoría de votos y la restante al partido que le siga.

La Cámara de Diputados (con 257 miembros elegidos en forma directa por cuatro años y reelegibles, renovables por mitad cada bienio).

Poder Judicial

Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina y los tribunales inferiores, se encargan de administrar justicia.

La Corte Suprema de Justicia está compuesta por jueces nombrados por el Presidente con el acuerdo del Senado.

El Consejo de la Magistratura administra el Poder Judicial y tiene a su cargo la selección mediante concurso público de los magistrados de los tribunales inferiores. El Ministerio Público es un organismo independiente con autonomía funcional y financiera para a la promoción de la actuación de la justicia en defensa de los intereses de la colectividad, estando integrado por un Procurador General y un Defensor General de la Nación.

Jurado

La Constitución vigente consagra la institución del jurado para los juicios criminales ordinarios

La República Argentina es un estado federal constituido por 23 Provincias y una Ciudad Autónoma.

Cada provincia y la ciudad de Buenos Aires elige por sufragio directo a sus gobernantes y legisladores; asimismo, los estados provinciales organizan y sostienen su administración de Justicia.

La República Argentina está constituido por 23 Provincias y una Ciudad Autónoma. Cada Provincia tiene competencias legislativas en los términos establecidos en sus respectivas Constituciones en las que de forma expresa manifiestan su adhesión a la República. El poder ejecutivo de cada provincia es ejercido por el Gobernador electo por los habitantes de la Provincia; entre sus atribuciones se encuentra hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación, de ahí que la Constitución Nacional se refiera a ellos como agentes naturales del Gobierno Federal. El poder legislativo provincial es ejercido por la correspondiente Legislatura provincial que puede ser unicameral o bicameral.

Cada Provincia está dividida en Departamentos, salvo en el caso de la Provincia de Buenos Aires donde reciben la denominación de partidos. Cada departamento está a su vez dividido en distritos y éstos en localidades. Las localidades se clasifican administrativamente principalmente en función del número de habitantes. La naturaleza, composición y competencias del gobierno de cada localidad depende de su rango, estableciéndose en las diferentes constituciones los criterios de clasificación y las formas de gobierno.

Las localidades que superan un cierto número de habitantes, o por declararlo una ley provincial, se denominan Municipios estando gobernadas por una Municipalidad cuya rama ejecutiva es ejercida por el Intendente (o Viceintendente) elegido por sufragio universal directo, y cuya rama legislativa, con potestad para la sanción de Ordenanzas Municipales, es ejercida por un Concejo Deliberante, siendo el número de concejales función del número de habitantes del municipio del último censo realizado.

El resto de localidades que cumplan unos requisitos mínimos (existencia de casco urbano, por ejemplo) podrán ser gobernadas por una Comisión de Fomento que constará de un Presidente y varios Vocales.

En ambos casos se establecerán los límites del Ejido Municipal que será gobernado por la Municipalidad o la Comisión.

Esta estructura administrativa es dinámica y tiene el propósito de colaborar en la descentralización del Estado (el Federalismo se lleva hasta el ámbito Municipal).

Otras instituciones del Estado

Auditoria General de la Nación

Organismo autónomo de asistencia técnica al Congreso para la fiscalización de la actualización del poder ejecutivo. Su presidente es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso (Diputados y Senadores conjuntamente).

Defensor del Pueblo

Organismo independiente instituido en el ámbito del Congreso Nacional, con plena autonomía funcional, para la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos constitucionales y legales así como para el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Elegido para un mandato de 5 años que podrá renovarse una sola vez, por dos tercios de los miembros presentes en cada una de las Cámaras del Congreso Nacional

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

Ejército

Armada

Fuerza Aérea

Gendarmería Nacional

Perfectura Naval

Policía Federal

POLÍTICAS PÚBLICAS CON  PRIORIDAD EN ARGENTINA

Política Educativa

Implementar una política que ofrezca reconocimiento de la capacidad profesional, no puede haber política educativa exitosa sin la opinión y la adhesión de los docentes; esto requiere valorar su capacidad.

- el fortalecimiento de su autoridad: evitando el igualitarismo pedagógico, porque la relación entre el docente y el alumno no es simétrica. También hay que terminar con la judialización de la educación, donde el recurso de amparo es el arma a esgrimir si no se está de acuerdo con una decisión pedagógica.

- el rescate del oficio didáctico: poner el acento en el aprendizaje y desarrollo de las destrezas profesionales para el trabajo cotidiano, el saber dar clase. Entre otros recursos, los docentes más experimentados pueden trasmitir sus conocimientos didácticos a los nuevos educadores; promover la reflexión personal y del equipo docente sobre la propia práctica pedagógica; favorecer la observación de clases entre colegas.

Política de Derechos Humanos

Las políticas públicas de derechos humanos hoy en la Argentina están vinculadas tanto al respeto de valores inherentes a la condición humana como al mejoramiento de la calidad institucional. La exclusión social, la corrupción y las prácticas autoritarias llevaron a que instituciones del Estado se percibieran no como garantía de los derechos y libertades fundamentales, sino en ocasiones como una amenaza al orden constitucional, proclamando normativamente en la Carta Magna.

Sería inadmisible equiparar estas situaciones al terrorismo de Estado que practicó una violación masiva y sistemática de derechos humanos fundamentales a través del aparato organizado del poder. Sin embargo, en democracia existieron y aún persisten violaciones extendidas de derechos y libertades, que responden en buena parte a prácticas heredadas de los gobiernos dictatoriales.

La manera en que se encara la gravísima cuestión de los niños y jóvenes en conflicto con la ley penal, la persistencia de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, aun cuando no fueran masivas ni sistemáticas, bajo distintos gobiernos constitucionales, la tortura y otros malos tratos de personas detenidas en comisarías o establecimientos penitenciarios, o la ineficacia en la prevención y persecución de crímenes graves, permiten medir la magnitud de los problemas.

Por ello el debate actual sobre la lucha contra la impunidad, por la verdad, la justicia y la reparación, no encara una problemática centrada en una mera revisión del pasado. Aborda cuestiones de importancia capital para el presente y el futuro del país. Está planteada la recuperación de las aspiraciones hacia un Estado gobernado por la ley y no por la arbitrariedad, un Estado capaz de erradicar la impunidad y su cortejo de efectos perversos, de los cuales uno inmediato y no menor es la pérdida de legitimidad de la persecución penal del delito común, en la medida en que continúen impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos a través del aparato del Estado durante la dictadura militar.

Política de Salud

El Decreto Presidencial 455 /2000 aprobó el Marco Estratégico Político para la Salud, estableciendo los propósitos, estrategias y las políticas que deben regir el accionar del Ministerio de Salud y la direccionalidad de los proyectos y programas operativos en el área de su competencia.

El propósito es lograr la efectiva aplicación y materialización del derecho a la salud, satisfaciendo las necesidades de la comunidad a partir de los principios de equidad, solidaridad y sustentabilidad de las acciones encaradas.

Las estrategias están dirigidas están dirigidas al cambio del modelo de atención, afianzando la atención primaria y la incorporación del médico de cabecera y propiciando la reorganización del sistema de servicios de salud y de los sistemas de financiamiento.

Las políticas sustantivas están dirigidas a garantizar la cobertura de salud a toda la población; a fortalecer el desempeño del sector y a promover la articulación e integración intra e intersectorial de las iniciativas y de los recursos en cada nivel jurisdiccional, y a reforzar la capacitación y la formación del recurso humano en investigación.

Dentro de ese marco y de un sistema de salud que tienda a lograr la cobertura universal, la prioridad es mejorar la equidad del sistema, al mismo tiempo que la calidad de los servicios prestados. Se cuidará la eficiencia, con una relación racional y lógica entre la inversión realizada y los resultados obtenidos, en un contexto de descentralización operativa y con amplia participación comunitaria en la definición de las prioridades y en la asignación de los recursos a nivel local. Los servicios se brindarán en condiciones éticas, psicológicas y físicas tales que satisfagan a los usuarios.

Política de Medio Ambiente

La generación y difusión de mayor información sobre indicadores referidos al uso

de recursos naturales, la calidad ambiental y el acceso a servicios de saneamiento en áreas urbanas y rurales. En este sentido, cabe destacar que existe una iniciativa en curso para desarrollar indicadores de sustentabilidad para la Argentina y para que el organismo de estadística nacional (INDEC) realice sondeos y estimaciones periódicas sobre algunos aspectos ambientales, cuya contribución al seguimiento de la evolución argentina en estas cuestiones podrá evaluarse en el mediano plazo. 

La articulación de políticas en los planos social, económico y ambiental para un uso sustentable de los recursos naturales y la protección ambiental. Esto será un requisito ineludible a fin de cumplir con las metas fijadas en la estrategia nacional de desarrollo sustentable, establecidas en convenios internacionales (tales como las referidas a la protección de la biodiversidad, del bosque nativo, de especies en peligro, a la desertificación y sobre el cambio climático) y en la legislación nacional y provincial sobre el tema. En este sentido, es interesante destacar el comienzo de mecanismos de cooperación entre la Secretaría de Agricultura y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como la suscripción de convenios entre esta última y varias provincias y municipalidades.

¿De qué forma el sistema político del país con el que quieres establecer relaciones impacta en tu organización?

El poder contar con una relación con Argentina, coadyuvaría en la Subdirección de Bachillerato General a contar con mayores elementos y retroalimentación en el apartado de educación.

¿Por qué es importante tomar en cuenta el sistema político internacional y el sistema político del país que elegiste al momento de tomar la decisión de establecer relaciones (comerciales, culturales, etc.) a través de tu organización? 

Es necesario conocer la situación que enfrenta el país con el que se quiere establecer una relación, ya que permite conocer el estatus que guarda en sus distintos aspectos sociales, económicos y políticos, y que influyen en la toma de decisiones.